Debaten Proyecto de Constitución Trabajadores de la Salud en Guáimaro

Guáimaro, 14 oct.- Los trabajadores de la Dirección municipal de Salud debatieron el proyecto de reforma constitutiva, documento donde se consolida el carácter socialista del sistema político, económico y social de la nación cubana.

Abel Disset Pool, director de ese sector en el territorio, reafirmó lo expuesto en el ‘Artículo 5’, donde se explica que el Partido es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, lo cual a su juicio resulta vital para garantizar la continuidad de la obra revolucionaria, y orientar los esfuerzos comunes hacia la construcción y defensa del socialismo.

Además, en el marco del encuentro, los profesionales propusieron la fusión de los ‘artículos 15 y 62’, referentes al respeto a las creencias religiosas; y sugirieron también, agregar en ‘el párrafo 109’ que el salario esté en correspondencia con el valor actual de la moneda libremente convertible.

Sobresalen entre los planteamientos la modificación del ‘artículo 76’, en relación al pago de las especialidades en las diferentes localidades del país, donde se evidencian diferencias en la remuneración a profesionales del mismo nivel o categoría.

Disset Pool destacó también, la necesidad de añadir en el ‘Artículo 83’, la obligación de los ciudadanos de cuidar los medios y recursos de la salud; y señaló además, la idea de sustituir en el ‘Artículo 108’ el término “deber” por el de “obligación”, este último relacionado con las responsabilidades de los diputados de intercambiar más con sus electores.

Por otra parte, el trabajador Alfredo Bueno Aguilera subrayó la importancia de los cambios en las estructuras del Gobierno Provincial, con el objetivo de asegurar la verticalidad en las decisiones del Estado, aunque aún debe definirse en la ‘Ley de leyes’ el límite de la cantidad de miembros. Manuel Madrigal Torres, secretario de la sección sindical, planteó modificar el término de Intendente por el de Jefe de Administración, y propuso agregar en el ‘Artículo 196’ la obligación de los integrantes del Consejo de satisfacer las necesidades del pueblo.

Además, los especialistas plantearon la necesidad de refrendar en la Constitución el “deber” de los representantes de las organizaciones políticas y de masas de participar en las reuniones de los consejos populares, e incluir en los planes docentes el estudio de la Carta Magna.