Casi un año atrás, el Consejo de Estado de la República de Cuba adoptó el acuerdo 70-X. Dado que la letra de lo dispuesto implicaba una ruptura con el tradicional modo de hacer de las estructuras gubernamentales, las reacciones en aquel momento pudieron ser diversas.
Reproduzco ahora lo que se decidió entonces y que viera la luz en la Gaceta Oficial No. 70 Extraordinaria, del 11 de octubre: “Posponer la realización del proceso de rendición de cuenta de los delegados a sus electores para el primer trimestre del próximo año, período donde deben estar creadas las condiciones para su adecuada materialización”, teniendo en cuenta la situación que atravesaba el país “con la generación eléctrica, el uso de combustibles, la transportación del personal y la prestación de servicios vitales para nuestra población” que había conducido a “la suspensión o aplazamiento de muchas de las actividades programadas a fin de evitar impactos negativos en la economía”.
Pero en el primer trimestre de 2024 fue imposible desarrollarlo. Obviamente, tampoco estaban creadas las condiciones. Con apenas una elemental ojeada al contexto en el que transcurre la vida nacional, me permito afirmar que, desde el momento del citado acuerdo, la situación no ha cambiado en lo esencial, aunque se ha decidido que la rendición de cuentas arranque el 20 del mes en curso y se extienda hasta el 15 de noviembre.
Habría que recordar lo que debe ser dicho momento, entendido como el instante en que los electores, en ceremonia pública, pueden ponerse al tanto de la gestión del elegido y evaluarla, formular otros planteamientos, si así lo desean.
Encontrarse, además, con las autoridades administrativas responsabilizadas con la solución de los problemas más acuciantes del entorno donde viven y desarrollan sus labores, en un intercambio franco en el cual deben darse la mano la transparencia, la calidad de la información que se ofrece al pueblo, y el más absoluto respeto de las partes.
Si, además, me permito citar estos últimos ingredientes, es porque obedezco a otro razonamiento elemental: ni el sistema del Poder Popular, ni las necesidades y demandas de los electores pueden darse el lujo, a mi juicio, de otro aplazamiento.
Pero, también, el 70-X también contenía indicaciones para incrementar el vínculo y atención permanente a los electores, y ofrecer las informaciones que fueran necesarias.
Al respecto, la nota oficial de los resultados refiere que del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2023, los delegados liberados de sus responsabilidades laborales en todo el país alcanzaron “el intercambio directo con más de dos millones 500 000 electores (…); por este y otros medios, fueron recepcionados 86 755 planteamientos, de los cuales el 74,9 por ciento pudieron solucionarse. Además, se efectuaron 69 734 acciones de control a entidades de prestación de servicios de incidencia local en este periodo”.
Quien lo hizo sin el auxilio de informes “almidonados” o del simple formalismo, ahora vivirá una situación más favorable, pues a partir de su buen trabajo conoce de primera mano, al menos, la inmensa mayoría de las inquietudes y sugerencias del electorado y lo que ha sido capaz de hacer para estar a tono con esas realidades y exigencias.
Son tiempos en que necesidades como el abasto eficiente de agua, la generación eléctrica, la transportación de pasajeros y la distribución de la canasta básica, continúan dependiendo en lo esencial de la inyección de recursos y procesos inversionistas, pero otras como el enfrentamiento resuelto al delito, la higiene y embellecimiento de las comunidades, y el funcionamiento de las estructuras de base requieren, de la cooperación y el trabajo mancomunado en cada lugar. Peliagudos todos, pero no imposibles desafíos.
