Camagüey, 1 ago.- El contexto económico y social complejo que se vive en estos días, exige de un nivel de compromiso y concientización tanto del entorno social, como de las instituciones gubernamentales y públicas. En este entorno, el gobierno prioriza la atención a las desigualdades y a las personas en situaciones de vulnerabilidad como uno de sus principales objetivos, con énfasis en la realización de programas sociales considerados pilares fundamentales para el desarrollo humano y la equidad social en el país.
Actualmente, más de 189 000 familias y 350 000 personas son beneficiarias de los programas de asistencia social, los cuales abarcan servicios y apoyos destinados a brindar atención a los más necesitados.
Según el artículo 105, de la Ley número 105 de Seguridad Social, aprobada el 28 de diciembre de 2008, la asistencia social protege a los ancianos sin recursos ni amparo, a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda, u otros que así lo requieran.
Los servicios sociales son configurados a través de programas y acciones encaminados a mejorar la calidad de vida y la integración a la sociedad de los individuos que así lo requieran, con la participación activa de los trabajadores sociales en la aplicación de los programas que el Estado propone para la prevención, detección, orientación y solución, dentro de lo posible, de las causas de los problemas sociales existentes.
La propia Ley, en el artículo 108, desde los incisos de a) al h), refiere que son protegidos por el Régimen de Asistencia Social los trabajadores que reciben subsidio por enfermedades y que requieren ayuda debido a la magnitud de los tratamientos que lo requieran, así como las familias de aquellos asalariados o pensionados fallecidos que estén bajo la protección del mismo. De la misma forma beneficia a madres trabajadoras que carezcan de ingresos económicos, a las familias de los jóvenes llamados al servicio militar que constituyan parte o sean el único sostén familiar, entre otros que necesiten de asistencia social.
Además, con el objetivo de brindarles recursos especializados para hacer frente a los desafíos que enfrentan en el cuidado de sus hijos, se mantiene especial atención a las madres de hijos con discapacidad severa, lo que beneficia a más de 3000 mujeres.
El programa de apoyo económico es indispensable en estos tiempos, por tanto, el Estado se hace cargo del pago de servicios de transporte para recibir atención médica especializada fuera del territorio. Por otra parte, se realiza el pago eléctrico a personas con enfermedades crónicas, beneficiando a más de 200 familias.
En las comunidades se mantienen vigentes los servicios sociales que buscan brindar cuidado y atención a diferentes grupos de la sociedad, como las Casas de Abuelos, Hogares de Ancianos, Servicio de Alimentación a la Familia, Hogares Maternos y Casas para niños sin amparo familiar.
Aun así, persisten desafíos significativos para erradicar las manifestaciones de pobreza y desigualdad, acentuados por la crisis económica que atraviesa el país. Se requiere un enfoque integral y coordinado de las autoridades que promueva la generación de oportunidades económicas y la mejora de los servicios básicos para superar estos desafíos y lograr una sociedad más equitativa.