Lima, 23 jun.- La semana iniciada hoy puede ser decisiva para el desenlace de la controversia jurídica y política sobre la polémica decisión de que retome el cargo de fiscal de la Nación la cuestionada extitular Patricia Benavides.
Así lo anunció al menos uno de los abogados de Benavides, Jorge del Castillo, un veterano político conservador, al declarar que espera para esta semana se encuentre la fórmula que imponga a su patrocinada ante la resistencia de la fiscal de la Nación vigente, Delia Espinoza, que invoca la legalidad de haber sido elegida por la autónoma Junta de Fiscales Supremos.
En uno de los últimos capítulos de la contienda, el Poder Judicial rechazó el pedido de la ex fiscal de la Nación de Perú, de que obligue a la titular vigente a entregarle el cargo, por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que supervisa a jueces y fiscales.
La reposición de Benavides es materia de polémica generalizada porque el motivo de su destitución, en mayo de 2024, fue que retiro a una fiscal que investigaba a su también repuesta hermana, la jueza Emma, por dar libertad a un narcotraficante extranjero.
Además, la JNJ la destituyó y rechazó sus dos pedidos de nulidad del retiro, pero tras el relevo de los integrantes de la citada junta, apeló por tercera vez y los reemplazantes accedieron a su solicitud.
El presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, tomó partido por Benavides al sostener que “La JNJ es una entidad autónoma que ha tomado una decisión y estemos o no de acuerdo, hay que cumplirla”.
Sahuana, de un partido aliado al Gobierno, se alineó también con las bancadas parlamentarias conservadoras que plantean una reorganizacón del Ministerio Público.
Tal medida, según los críticos del Legislativo, tendría como resultado el control de ese órgano de justicia y el bloqueo de las investigaciones de la Fiscalía a la presidenta Boluarte y decenas de congresistas indagados por diversas causas.
El pronunciamiento de Salhuana fue precedido el viernes último por el del primer ministro, Eduardo Arana, quien, dos días después de proclamar neutralidad en el conflicto, declaró que el Ministerio Público incumple la ley al negarse a dejar el cargo.
La fiscal de la Nación vigente, por su parte, denunció que en el Parlamento se pretende forzar una intervención en el Ministerio Público, lo cual, dijo, “no es constitucionalmente admisible”.
La JNJ, tras un prolongado silencio, emplazó el viernes al Ministerio Público a acatar la resolución favorable a Benavides y, paralelamente, volvió al cargo de fiscal supremo Tomás Gálvez, destituido por sus contactos con una red de corrupción judicial y repuesto por orden judicial y detractor público de la fiscal Espinoza.
También fue repuesto el también fiscal Supremo Luis Arce, destituido en 2021 por negarse a participar en las sesiones de la corte electoral como representante del Ministerio Público, en medio de intentos polítics de obsaculizar el proceso electoral de ese año.
La Junta de Fiscales Supremos acepta integrar a sus filas a Benavides como homóloga y de integrarse esta, se completará el número de siete miembros de la Junta, salvo que se haga efectiva la reorganización e incluya una purga en el Ministerio Público.
Y, como contexto de todo, persisten las denuncias de que las fuerzas de derecha pretenden usar el poder de su mayoría en el impopular Parlamento para reorganizar en función de sus inereses el Ministerio Público que ha investigado o indaga a gobernantes como la presidenta Boluarte y decenas de congresistas.
Ese poder se fortaleció en el ámbito judicial con la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la designación de este como titular de la comisión que designó a los miembros de la JNJ.
