Lima, 4 may.- Gobernadores regionales, empresarios y políticos de diversas tendencias emplazaron hoy al Gobierno a actuar frente a las acciones delincuenciales de mineros ilegales, tras la matanza de 13 trabajadores por esos elementos.
Las reacciones condenan la masacre y reprochan al Gobierno por no actuar contra la violencia criminal en la norteña provincia de Pataz, donde en los últimos años se han registrado asesinatos, secuestros y atentados a torres de alta tensión y otros objetivos.
Además, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) pidió acciones concretas contra la delincuencia en la zona que, afirma, “ha superado la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y de las autoridades locales”.
Exigió, por ello, la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas, aunque bajo el estado de emergencia vigente en ese territorio se mantiene una importante fuerza militar y policial, y la instalación de una base militar en Pataz.
Los gobernadores demandan que el Gobierno convoque una inmediata reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en la citada provincia y una investigación que ubique y sancione a los autores materiales e intelectuales de la matanza a sangre fría de los 13 trabajadores de una empresa minera, confirmada este domingo.
“Pataz es un caso crítico que demanda acción inmediata, coordinación entre instituciones y voluntad política. No habrá desarrollo sostenible sin seguridad”, agregan en un comunicado.
El Ministerio del Interior informó a su vez que envió a Pataz a un equipo de policías especializados en crimen organizado y de las divisiones especializadas en investigación de homicidios, secuestros y extorsiones, con la misión de capturar a los responsables de los execrables crímenes.
Tras señalar que trabaja estrechamente con las Fuerzas Armadas, el organismo manifiesta pesar por los asesinatos y su “firme decisión de erradicar esta lacra criminal», y apunta que los agentes de élite enviados están plenamente facultados a usar sus armas y que las muertes no quedarán impunes.
Por otra parte, la Policía Nacional afirmó que en un enfrentamiento el viernes último, con elementos armados de los mineros ilegales que dejó ocho heridos, los uniformados detuvieron a dos civiles y rescató a 50 mineros mantenidos como rehenes.
