En la consulta de Oftalmología, Gladys, Antonio y José Ramón esperan su turno, aunque presienten la respuesta que recibirán, la misma que desde hace mucho tiempo aplaza sus ansias por recuperar la visión y acorta, a su avanzada edad, las posibilidades de valerse por sí mismos y tener una vejez con mayor calidad de vida.
Ellos forman parte de los 44 408 pacientes que ahora mismo se encuentran pendientes de operaciones oftalmológicas en el país, en su mayoría cirugías de catarata, debido a las afectaciones que ocasiona el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba en el campo de la salud.
Durante los últimos meses Luisa ha tenido que acudir con más frecuencia que de costumbre al policlínico cercano, aunque a veces ni allí encuentra lo que necesita para controlar su presión, porque el Cuadro Básico de Medicamentos en Cuba, que cuenta con 651 renglones, tiene en falta el 51 por ciento de ellos, incluidos los antihipertensivos que debiera adquirir por tarjetón.
Seis décadas puede ser mucho tiempo, incluso puede ser más que la vida de una persona, o de muchas. Gladys, Antonio, José Ramón y Luisa, todos con más de 70 años de edad, ya no tienen memoria de como era la vida antes de febrero de 1962, cuando el presidente John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva que oficializó la genocida política contra la isla caribeña. Sus hijos y sus nietos solo pueden dejar a la imaginación como sería el país que habitan sin ese despiadado cerco.
Una condena tan larga, destinada a criminales de la peor ralea, no ha sido aplicada jamás contra pueblo alguno, solo por el hecho de querer trazar su propio destino y no doblegarse a políticas imperiales.
¿Qué habría podido hacer Cuba en el último año si el bloqueo no le hubiera causado daños y perjuicios materiales estimados en el orden de los 5056,8 millones de dólares, entre el primero de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024?
¿Cómo sería la vida de los cubanos sin los estragos acumulados durante más de seis décadas de aplicación de esta política, los cuales, a precios corrientes, ascienden a 164 141,1 millones de dólares, según recoge el Informe en virtud de la resolución 78/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”?
Desde que fue concebida, esta persecución se recrudece cada año con nuevas disposiciones y artimañas, mientras, en correspondencia, crece el impacto negativo sobre la población y se resienten las bases de los programas sociales, científicos y económicos de la nación.
Su carácter extraterritorial, institucionalizado con la Ley Torricelli desde 1992, pende como espada de Damocles sobre gobiernos, empresarios y hasta simples ciudadanos norteamericanos o de terceros países que traten de acercarse a la Isla.
Las severas restricciones, que violan derechos elementales de las personas, impiden a los habitantes estadounidenses adquirir productos típicos como los habanos o el ron, a sus turistas de crucero acercarse a puertos de la Isla y a sus productores comercializar sus mercancías con empresas nacionales, pero, sobre todo, le niegan a los cubanos el acceso a financiamientos, tecnologías, intercambios comerciales, productos básicos y hasta el oxígeno para la vida.
El 2 de noviembre de 2023, la Asamblea General de la ONU aprobó por 187 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la resolución sobre la “Necesidad de poner fin al bloqueo (...)”. Es de esperar que en la próxima sesión, en octubre venidero, ocurra algo similar porque gobiernos y pueblos con sentido común, no pueden ser indiferentes ante tamaña y despiadada injusticia.
